¿Te has preguntado qué tan lejos puede llegar la justicia en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado, antes de verse socavada por las mismas fuerzas que intenta combatir? Guatemala nos ofrece un caso de estudio con un giro inesperado: de ser un ejemplo de lucha contra la impunidad a enfrentar acusaciones de ser un instrumento de persecución política.
Mucho de lo que ocurre en Guatemala en la actualidad pasa por el intento de corregir el rumbo de la justicia y de convertir al Ministerio Público en abanderado de una reforma institucional encaminada a combatir, con eficiencia, al crimen organizado, enquistado desde hace años en los gobiernos locales, y a las mafias políticas que, aliadas con los clanes del narcotráfico, eran las dueñas del aparato estatal. Una de las trincheras de aquella revolución, o del intento de hacerla, fue la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo el liderazgo de Juan Francisco Sandoval Alfaro, que a los 33 años se convirtió en 2015 en uno de los agentes fiscales más influyentes del país.
Por el escritorio de Sandoval pasaron algunas de las investigaciones más importantes de la última década, incluidas al menos tres en que el sospechoso no era otro que el presidente de la república, Alejandro Giammattei. Sandoval investigó también a los empresarios más poderosos de Guatemala, hasta entonces intocables, a capos del narcotráfico y los operadores políticos más influyentes. Por un tiempo, él, su equipo y otros operadores de justicia implicados en las reformas gozaron de la protección política que les daba la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), una especie de fiscalía supranacional que acompañó al MP en investigaciones y querellas complejas. Cuando el aparato de poder, encabezado entonces por el presidente Jimmy Morales -a quien Sandoval también investigó-, expulsó a CICIG empezó en Guatemala el fin de la reforma judicial.
Ya de la mano de la fiscal general Consuelo Porras, elegida por Morales en 2018, el Ministerio Público (MP) dejó de ser una instancia que investigaba a funcionarios y empresarios y se convirtió en la principal herramienta de persecución a quienes se opusieron o investigaron a esas mafias políticas. Así lo han reconocido, años después, gobiernos como el de Estados Unidos, Chile y Colombia o entes regionales como Naciones Unidas, la OEA o la Unión Europea, que han acusado a Porras y a la fiscalía de atentar contra la voluntad popular de los guatemaltecos, que en agosto de este año eligieron presidente del país, en sustitución de Giammattei, a Bernardo Arévalo, un progresista moderado.
Desde que Arévalo ganó, el MP de Porras ha encabezado una cruzada por impedir la transición democrática y por evitar que el presidente electo asuma, como está previsto, el próximo 14 de enero. Pocos, en Guatemala o en la comunidad internacional, piensan que Porras ha actuado sola. Washington, por ejemplo, no ha dudado en aplicar sanciones y retirar visados a varios empresarios señalados de financiar y acompañar las intentonas del MP por obstaculizar a Arévalo.
Poco a poco, desde el triunfo de Arévalo y su Movimiento Semilla en agosto de 2023, el MP se ha ido quedando solo. Le acompañan ahora esos empresarios, diputados ligados al oficialismo y, desde la sombra, el presidente Alejandro Giammattei. Actores que en algún momento acompañaron casos montados por Porras y los suyos contra Semilla hoy dan señales ambiguas. La Corte de Constitucionalidad, para el caso, ya resolvió que Arévalo debe de asumir el 14 de enero de 2024. Por ahora, sin embargo, Porras no se detiene e insiste, a través de sus lugartenientes, que Semilla ganó con un fraude y que cometió ilegalidades a la hora de formarse como partido.
Desde la periferia de Washington, DC, donde vive desde que tuvo que exiliarse en julio de 2021, Juan Francisco Sandoval, el exfiscal antimafia, recorre en esta charla con Infobae lo que ocurre en su país, las intentonas del MP en el que él trabajó por subvertir ahora la voluntad democrática de los guatemaltecos y el rol de la comunidad internacional en todo el asunto.
Estamos presenciando un capítulo crítico en la historia de Guatemala, donde el conflicto entre el deseo de reforma y las fuerzas del statu quo se juega en el escenario judicial y político. Es fundamental estar atentos a estos eventos, ya que nos recuerdan la importancia de la justicia independiente y la lucha permanente contra la corrupción y el abuso de poder.
Y tú, ¿qué opinas sobre este intrincado tejido de justicia, política y poder en Guatemala? ¿Consideras que la comunidad internacional está haciendo lo suficiente para apoyar la transición democrática? Comparte tus pensamientos, y si encuentras la nota reveladora, no dudes en difundirla en tus redes. ¡Hasta la próxima!
Fuente: www.infobae.com
