El Congreso del estado de San Luis Potosí, a través de su Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, encabezada por el diputado René Oyarvide Ibarra, ha llevado a cabo un proceso de revisión y análisis sobre el uso de los recursos públicos en el año fiscal 2022. Según información proporcionada en una sesión de trabajo de dicha comisión, el Estado ha realizado un total de 178 auditorías que incluyeron a 58 municipios, 40 organismos gubernamentales, 8 organismos autónomos y 72 organismos descentralizados municipales.
Estas auditorías han resultado en la identificación de 3,487 acciones por parte del Instituto de Fiscalización Superior del estado, las cuales abarcan desde solicitudes de aclaración hasta promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y recomendaciones. La revisión se basó en una suma que asciende a 16 mil 816 millones de pesos, de la cual se seleccionó una muestra de 14 mil 081 millones de pesos para el análisis, representando un significativo 83.74% del total auditado.
El diputado Oyarvide Ibarra señaló que este extenso alcance en la revisión fiscal asegura una vigilancia exhaustiva sobre los recursos de la población de San Luis Potosí. Además, se acordó realizar mesas de trabajo adicionales para profundizar en las observaciones efectuadas a cada entidad.
Se informó también que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado llevará a cabo un proceso de notificación y capacitación para los 58 ayuntamientos, con un plazo de 30 días para responder a todas y cada una de las observaciones hechas. Estas acciones de fiscalización están siendo realizadas bajo la legislación previa a las reformas recientes, mientras que la Comisión de Vigilancia se regirá por la nueva ley para la presentación de dictámenes antes del 15 de febrero.
El impacto de estas políticas en la vida cotidiana de los ciudadanos es significativo, pues una revisión fiscal meticulosa puede ayudar a asegurar un uso adecuado de los fondos públicos, mejorar la transparencia y la confianza en la administración pública y prevenir posibles casos de corrupción. Cuando los recursos públicos se gestionan correctamente, pueden resultar en mejores servicios y obras para la comunidad, como educación de calidad, infraestructura adecuada, atención médica y seguridad.
La participación ciudadana en estos procesos es fundamental. Estar informados sobre cómo se utilizan los recursos públicos y cómo se llevan a cabo las auditorías permite a la población ejercer su derecho a la fiscalización social. Los ciudadanos pueden participar en foros de consulta, seguir las sesiones del Congreso y comunicarse con sus representantes para expresar sus opiniones y preocupaciones. Un compromiso activo promueve una democracia más fuerte y una gobernanza más transparente y responsable.
