En recientes deliberaciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se ha destacado la preocupación por la situación de las personas migrantes en México. El diputado José Ramón Torres García, liderando la Comisión de Asuntos Migratorios, manifestó la necesidad de proteger los derechos humanos de los migrantes al transitar por el país, haciendo énfasis en los informes que aluden a la existencia de abusos en su contra y que podrían comprometer sus vidas y su integridad.
El Congreso ha tomado cartas en el asunto al presentar varios puntos de acuerdo dirigidos a instituciones como el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Estos llamados buscan promover una colaboración entre los distintos niveles de gobierno de los estados involucrados en las rutas migratorias para asegurar la observancia de los derechos humanos.
Torres García remarcó la urgencia de este problema y sugirió la implementación de estrategias por parte del Instituto Nacional de Migración para prevenir y mitigar estos abusos, que suelen ocurrir con mayor frecuencia en los estados por donde pasan las rutas migratorias.
Además, el diputado expresó su inquietud respecto a las dificultades que enfrentan los migrantes al buscar denunciar delitos, ya que se les pide mostrar documentos que acrediten su estancia legal en el país. Frente a esto, propuso que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí tome en cuenta las denuncias de personas migrantes independientemente de su estatus migratorio.
Finalizando su intervención, Torres García reafirmó el compromiso del congreso regional para colaborar con las autoridades responsables de la regulación del fenómeno migratorio y apeló por un mayor apoyo de la Guardia Nacional en el estado.
Dichas políticas pueden impactar directamente en la vida cotidiana de las personas migrantes, al proporcionar un entorno más seguro y justo para quienes atraviesan el territorio en búsqueda de mejores condiciones de vida. Asimismo, la protección de los derechos humanos y la oferta de canales legales para la denuncia de delitos contribuye a la creación de una sociedad más inclusiva y respetuosa con todas las personas, independientemente de su origen o estatus legal.
Es importante que la ciudadanía se informe sobre las acciones legislativas y ejecutivas que afectan tanto a la comunidad local como a los migrantes. Se incentiva a las personas a participar activamente en los asuntos públicos, incluyendo asuntos migratorios, involucrándose a través del diálogo constructivo y el apoyo a políticas que promuevan la dignidad y los derechos de todos los individuos.
